PSE-EE GIPUZKOA

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El Consorcio de Residuos (GHK), en manos de Bildu, seguirá pagando 5000.000 euros al mes por la incineradora que paró. El juez desestimó la demanda interpuesta por la presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta (Bildu) por el contrato de cobertura de los tipos de interés. La cifra final podría ascender a 68 millones de euros, cantidad que saldrá de las arcas públicas, es decir, de los bolsillos de los ciudadanos.

GHK decidió demandar al Banco Santander, a La Caixa y a la consultora Price-Waterhouse por los contratos de cobertura de los créditos para ejecutar la planta de Zubieta. Sin embargo, los tribunales han desestimado la demanda interpuesta por el Consorcio por el contrato de cobertura al entender que los contratos formalizados eran idóneos y se convirtieron en `especulativos´ cuando el gobierno foral de Bildu y el actual consorcio, presidido por Intxaurrandieta, decidieron no construir la planta de tratamiento de residuos.

Además, de tener que continuar abonando en torno a 500.000 euros mensuales por una infraestructura que no va a construir, el Consorcio de Residuos ha tenido que pagar por otros conceptos. 13,2 millones de euros a las empresas encargadas de la construcción de la incineradora por enterrar este proyecto, ya que a los 8,2 millones en concepto de indemnización hay que sumar otros cinco millones por los trabajos ya realizados y que Bildu ha pactado con las constructoras. También se han abonado otros más de 2,8 millones de euros en concepto de pagos por trabajos realizados.

Ante esta sangría económica, el grupo juntero socialista ha pedido con carácter de urgencia la comparecencia de la Presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, al diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Iñaki Errazkin y la Diputada Foral de Hacienda y Finanzas, Helena Franco en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Para la portavoz en la Comisión de Medio Ambiente, LORE SUAREZ, ha dicho que entiende que la actuación llevada por parte de GHK y la Diputación Foral de Bildu podría derivar en “graves responsabilidades” de los órganos y personas responsables de las mismas, por ser “imprudente y gravemente perjudicial” desde el punto de vista económico para los guipuzcoanos.