PSE-EE GIPUZKOA

• Facebook
• Twitter
• Google +
• Pinterest

Susana Garcia Chueca

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las Ayudas de Emergencia Social (AES) son prestaciones sociales establecidas en Euskadi para garantizar la protección social fundamental de las personas más necesitadas y para ayudar a las familias, en riesgo de exclusión, ante la difícil coyuntura económica actual. La portavoz en la Comisión de Política Social, la socialista SUSANA GARCIA CHUECA, ha defendido la validez de estas prestaciones pese a la “controversia política” por la devolución de los llamados cobros indebidos y ha exigido al Gobierno vasco que evite los “errores administrativos” y “ponga fin a los pagos indebidos que han sido habituales hasta ahora”.

Aunque en ocasiones los cobros indebidos pueden tener origen en una actuación engañosa por parte de quien percibe la prestación, casi siempre responden a deficiencias de la propia administración que suele retrasarse uno o varios meses en paralizar el pago de la prestación cuando las personas que perciben la RGI les comunican que han comenzado a trabajar. De esta forma, ese mismo año o incluso, al cabo de tres o cuatro años después, el Gobierno vasco´, a través de Lanbide,  se ve obligado a reclamar a esa persona que devuelva esos meses pagados de más en concepto de `cobros indebidos´. Lo que supone un “error administrativo”, pero que tratado sin rigor, sin ser bien explicado y el desconocimiento sobre las causas y responsabilidades,  puede dar la imagen de que detrás de los llamados cobros indebidos hay un acto fraudulento. Por eso, GARCIA CHUECA prefiere hablar de pagos indebidos antes que de cobros indebidos.

La dirigente socialista ha explicado en el Pleno de las Juntas Generales que este error administrativo al que tienen que hacer frente 30.000 hogares vascos el Gobierno Vasco, mediante Lanbide, está poniendo en “situación límite” a estas familias ya que se retira un 30% de la nómina de las personas afectas, sin tener en cuenta su situación, lo que puede provocar que pasen “de forma inmediata de la pobreza a la miseria”. 

Por eso, ha reclamado al Gobierno vasco de Urkullu que aplique el “sentido común” y que “no genere un problema” si para ello “no es capaz de darle una solución proporcionada y justa”. A este respecto, ha echado mano de una propuesta “muy razonable” que, hace tres meses se aprobó en las Juntas Generales de Gipuzkoa, en la que se desde el Parlamento de Gipuzkoa se le insta al Ejecutivo del PNV a que, antes del cobro de la deuda y la devolución de las prestaciones, se tenga en cuenta “la disponibilidad económica de cada una de las personas afectadas” y además, que se propicie plazos de aplazamiento.

Pero, en aquellos casos en los que para una persona afectada saldar la deuda implica no poder desarrollar un modo de vida digno, -para GARCIA CHUECA-, sería de Ley que “en ningún caso se proceda a cobrar los pagos indebidos generados por Lanbide”.

En definitiva, ha reclamado al Gobierno vasco que ponga fin a los pagos indebidos que están siendo “habituales” y para ello, ha reclamado que se garantice en Lanbide suficientes recursos técnicos y personales. También ha solicitado al Ejecutivo de Urkullu que se refuercen las políticas de protección social, incluso le recomienda que no tenga miedo a revisarlas, para que la RGI garantice la “dignidad mínima” a las personas, con partidas presupuestarias suficientes “para cubrir las necesidades básicas de las personas”. 

Por último, ha pedido responsabilidad a todas las fuerzas políticas para que esta cuestión se saque del debate público y se trabaje en materia de Servicios Sociales desde el acuerdo. “Debemos centrar todos nuestros esfuerzos en acordar para que las personas tengan una vida mejor, no peor”, ha dicho.