Aurkibide orokorra:
PSE-EE GIPUZKOA
BERRIAK
PSE-EE DE GIPUZKOA ABIERTO A DEBATIR EN EL PARLAMENTO VASCO SOBRE EL ACTUAL SISTEMA DE PROTECCIóN SOCIAL
La prestación, que nació en el año 2012, se dirigía a quienes justificaran un empadronamiento de un año en Gipuzkoa y que no pueden acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque no acumulan tres años en este Territorio. Se trata de una ayuda de alrededor de 700 euros mensuales de media que sólo existe en Gipuzkoa. Algo menos de 1.500 personas (1.422) son las unidades convivenciales que han recibido la AGI en 2015. El número de personas beneficiarias ha sido algo más del doble de esa cifra y el coste se mantiene en torno a los 11 millones de euros.
El entonces Diputado Foral de Política Social, Ander Rodríguez, reconoció públicamente que no existía un estudio para la puesta en marcha de la AGI. Su iniciativa se basaba en `una estimación´, pero nunca se sustentó en un informe técnico y el Presupuesto foral fue siempre insuficiente. La Diputación de Bildu puso en marcha, de forma “irresponsable”, la AGI sin un solo informe técnico ni financiero que avalara su puesta en marcha. De hecho, Bildu realizó a su propia ayuda un “recorte”. Empezó concediendo la AGI con un empadronamiento de seis meses y al poco cambió el plazo y lo pasó a un año.
En un comunicado, García Chueca ha explicado que para el PSE-EE la igualdad es un principio “básico e irrenunciable” en el disfrute de los derechos sociales. Por eso, siempre ha defendido que las prestaciones sociales se deben contemplar como “derecho subjetivo” y “no como ayudas o prestaciones basadas en la disponibilidad presupuestaria y que existan sólo en un Territorio. “Defendemos la igualdad en el acceso a los derechos sociales”.
Por eso, ha defendido que en el caso de la creación de la AGI, primero se debería de haber analizado qué necesidades plantean las personas que están en riesgo o en situación de exclusión y en segundo lugar, debería haberse centrado en promover una atención global y adecuada a las necesidades que plantean dichas personas.
La decisión adoptada por la actual Diputación Foral de Gipuzkoa se basa en el informe del jefe de Servicios de Planificación, Concertación y Prestaciones Económicas de la Diputación Foral, que realiza un análisis “detallado” de la AGI. El informe foral concluye que no se garantiza la inserción social de los beneficiarios. Es más, opinión de García Chueca, ha generado más desigualdad y exclusión.
Por último, ha defendido que si el actual Sistema de Protección Social no responde a las necesidades que plantea la ciudadanía lo que se debe hacer es abrir el debate y la reflexión en el Parlamento de Vitoria que es donde reside la competencia de aprobar y/o cambiar las Leyes.
