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PSE-EE GIPUZKOA
DOKUMENTUAK
LISTA DE MOROSOS POR JULIO ASTUDILLO
Con la publicación por parte de la Agencia Tributaria de la lista de morosos cuya deuda pendiente con el fisco supera el millón de euros, se ha reabierto un debate sobre si tal medida puede vulnerar el derecho al honor y a la intimidad, derechos fundamentales, derechos clásicos de personalidad, cuya garantía se recoge en el artículo 18 de la Constitución.
Una de las prioridades de cualquier gobernante debe ser la lucha contra el fraude fiscal y para ello no bastan únicamente las medidas represivas. Es preciso fomentar y poner en marcha nuevos instrumentos preventivos y pedagógicos dirigidos a desarrollar una auténtica conciencia cívica tributaria y favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
El artículo 31 de la Constitución, insertado también en su Título Primero (de los Derechos y Deberes Fundamentales), recoge el deber general de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos ‘de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá carácter confiscatorio.’
Desde esa perspectiva constitucional deben ponderarse los distintos intereses que se pretende proteger con los mencionados preceptos recogidos en la Constitución (artículos 18 y 31). Así, mientras los derechos reconocidos en el artículo 18 (derecho al honor y a la intimidad) se agotan en la esfera personal y familiar, el deber general de contribuir se proyecta sobre otros derechos y principios que configuran todo un haz de bienes y servicios necesarios para la colectividad, a los que se debe hacer frente mediante el empleo de fondos públicos. Así, derechos tan importantes como el derecho a la salud, a una vivienda digna, a la protección social, a la atención a las personas discapacitadas, a los servicios sociales, a la educación, a la cultura, al medio ambiente, a la seguridad, etc., derechos todos ellos que constituyen la esencia del Estado social, solo pueden ser efectivos si los poderes públicos disponen de los recursos suficientes para hacerles frente. Y esos recursos se obtienen fundamentalmente de los tributos. Por ello, las personas que cometen fraude fiscal están defraudando nuestros derechos.
En los próximos meses Gipuzkoa, junto con los otros dos Territorios Históricos, deberán modificar las respectivas Normas Forales Generales Tributarias, recogiendo entre otras medidas la publicación de la lista de quienes mantienen deudas importantes con la Hacienda Foral guipuzcoana.
En la pasada Legislatura a través de una enmienda impulsada por el Grupo Juntero socialista, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron por unanimidad que se instase a la Diputación Foral a analizar la posibilidad de publicitar la lista de los grandes defraudadores. Muchos fueron quienes desde ámbitos periodísticos y académicos se opusieron a esta medida en base al derecho a la intimidad y al honor de los morosos y defraudadores. La propia Agencia Vasca de Protección de Datos emitió un informe negativo – a mi juicio desafortunado- que hizo desistir al Gobierno de Bildu de actuar sobre esta materia. Lo que antes no pudo ser, ahora síva a ser posible. La Diputación Foral deberá ponderar los distintos intereses en juego, defendiendo y potenciando la eficacia de nuestro sistema tributario, así como la igualdad y la solidaridad de las guipuzcoanas y guipuzcoanos.
Julio Astudillo Rodrigo
Secretario de Economía, Industria y Empleo del PSE-EE de Gipuzkoa
