Los socialistas guipuzcoanos han mostrado esta mañana su disposición a constituir una Comisión de Investigación en las Juntas Generales de Gipuzkoa que analice en profundidad las responsabilidades políticas que, en su caso, se deriven de la reciente sentencia judicial que declara nulo el acuerdo alcanzado por la sociedad pública GHK con la UTE adjudicataria para la construcción del Centro Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa (CGRG) durante la anterior legislatura. Así lo ha anunciado la Portavoz del Grupo Juntero del PSE-EE, Susana García Chueca, en una comparecencia en la que ha estado acompañada de Denis Itxaso y Arcadio Benítez, presidentes de las mancomunidades demandantes en aquel momento, y que han visto cómo la justicia terminaba por darles la razón.
García Chueca ha anunciado que tratará de recabar el apoyo del resto de grupos junteros de cara a lograr que el Parlamento de Gipuzkoa constituya una Comisión de investigación y para ello comenzará con una ronda de contactos con el resto de portavoces. Asimismo, ha adelantado que el grupo socialista va a pedir la comparecencia del Diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, en la Comisión de correspondiente que permita conocer, con detalle, la posición del Departamento foral que dirige, en relación a las consecuencias de la citada sentencia.
Los socialistas guipuzcoanos han relacionado esta iniciativa con las conclusiones de la Comisión de estudios sobre la evolución financiera y las soluciones técnicas de Consorcio de residuos de Gipuzkoa, llevada a cabo durante la pasada legislatura. Concretamente, se han remitido al punto número dos de las citadas conclusiones en los que se dice textualmente que "las Juntas Generales, una vez legalmente constituidas en la próxima Legislatura, estudiarán la totalidad de lo actuado así como las conclusiones aprobadas en la presente Comisión de Estudio, por si de las mismas pudieran derivarse responsabilidades políticas para los órganos responsables de esta gestión en GHK y en la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la correspondiente Comisión de Investigación".
García Chueca ha añadido que “nos parece imprescindible que los grupos junteros podamos conformarnos una opinión certera sobre las consecuencias de todo tipo derivadas de la reciente sentencia y para ello resultaría muy ilustrativo poder escuchar opiniones expertas del ámbito jurídico y financiero. A partir de ahí resultará más fácil decidir si procede o no actuar legalmente contra los administradores de la sociedad pública GHK”.
En la misma rueda de prensa, Denis Itxaso ha intervenido para recordar las “innumerables” advertencias públicas y privadas formuladas por el PSE-EE en la pasada Legislatura al Gobierno Foral de Bildu y al Consorcio de residuos, y en las que se insistía en el riesgo jurídico, técnico, y financiero de adoptar un acuerdo de resolución de los contratos en vigor. El actual Primer Teniente de Diputado General de Gipuzkoa, que ha aportado numeroso material de hemeroteca, ha explicado que “tuvimos que renunciar a nuestro cargo en el Consejo de Administración de la sociedad GHK S.A. para no participar en actos que considerábamos temerarios e irresponsables”. En la pasada legislatura, Itxaso y Benítez fueron presidentes de las mancomunidades de San Markos y Debabarrena, y ellos fueron quienes demandaron al Consorcio de Residuos por aquella decisión unilateral que, además, no contaba con el respaldo de las Juntas Generales. “La sentencia habla de desviación de poder, al tiempo que calca los argumentos que en su día manifestamos, relativos a la gravedad de ignorar una norma foral vigente como la del PIGRUG, que mandataba a la Diputación Foral a llevar a cabo una serie infraestructuras para la gestión integral de los residuos en el Territorio”.