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BILDU INSTALARá CáMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA CONTROLAR EL PAP A PESAR DE QUE EL GOBIERNO VASCO HA DENEGADO EL PERMISO PARA SU COLOCACIóN EN HERNANI
Ricardo Crespo y Mª Jesus Ejido
El grupo municipal socialista ha explicado que la colocación de cámaras de videovigilancia en uno de los puntos de emergencia habilitados en Hernani “en principio”, vulnera el contenido de la Ley Orgánica de Videovigilancia. Por eso, ha anunciado que ha hecho una consulta por escrito a la Agencia Vasca de Protección de Datos para que estudie el caso, una vez que ha recibido desde el ayuntamiento el expediente completo, porque la legislación española prohíbe la grabación de la vía pública a excepción de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
El candidato a la alcaldía de Hernani, RICARDO CRESPO, y la portavoz socialista, MARIA JESUS EGIDO, han explicado en una rueda de prensa, que se ha desarrollado esta mañana en la sede de la localidad, que el Gobierno Vasco denegó al consistorio el permiso de colocación de las cámaras de seguridad y por lo tanto, han mostrado sus dudas sobre si, con esta actuación, se está cumpliendo la Ley de Protección de Datos.
Pero además, han criticado que durante la tramitación, en ningún momento el gobierno municipal de Bildu informó al resto de la Corporación que había una Resolución del Gobierno Vasco fechado en el mes de noviembre en la que se denegaba el permiso, lo que se trata de una información clave que la han mantenido oculta.
“Consideramos que la colocación de las cámaras es una medida desproporcionada para el control de vertidos y que ese control podría realizarse por otros medios”, han dicho CRESPO. Está convencido de que este acto es ”una muestra más de la obsesión de Bildu por imponer un sistema que en muchos de los municipios donde ha gobernado esta legislatura no se ha atrevido a implantar”.
Hace cinco años, el consistorio gobernado entonces por ANV decidió imponer el Puerta a Puerta, un sistema de recogida de residuos al que los ciudadanos de la localidad se opusieron reclamando entonces una consulta a la que se negó el gobierno municipal. En esta legislatura, Bildu decidió, en el mes de febrero, la implantación de cámaras de videovigilancias con el objetivo de controlar que los vecinos realizan de forma correcta y adecuada la separación de residuos en los llamados puntos de emergencia. La propuesta que se debatió en el Pleno se aprobó con los únicos votos a favor de Bildu y los votos en contra de la oposición.
Durante la tramitación, el grupo municipal ha insistido en su denuncia sobre la colocación de estas cámaras cuya justificación inicial dada por Bildu para solicitar el permiso al Gobierno Vasco no era el del control de los residuos sino una cuestión de seguridad. Posteriormente, una vez que Vitoria le denegó el permiso, cambio las razones para la implantación de la videovigilancia. En este sentido, se ha preguntado por qué.
El grupo municipal socialista reclamó el expediente sobre la colocación de las cámaras de videovigilancia en el mes de febrero y la documentación no la ha recibido hasta finales del mes de marzo. Con el expediente completo ha acudido a la Agencia de Protección de Datos para que abra un procedimiento y la consulta se elevó a principios de semana.
Por otra parte, CRESPO y EGIDO han querido recordar que la Agencia Vasca de Protección de Datos a finales del año pasado exigió a todos los municipios donde se implantó el Puerta a Puerta el establecimiento de un sistema de gestión de la basura respetuoso con la privacidad de las personas. Seis meses después, Hernani no sólo no ha realizado ningún cambio para evitar posibles quiebras en el derecho de los vecinos a la máxima protección de sus datos personales sino que han incrementado, con la colocación de las cámaras el control “indiscriminado” de los vecinos, en una “insoportable vuelta de tuerca más”.
A su juicio, se trata de una actuación “desmedida” que nos genera “muchas dudas” sobre “cómo se van a gestionar esas imágenes, quién va a custodiarlas, cómo las van a custodiar, quién las va a poder visualizar”. Ante una situación “insólita e inconcebible”, el aspirante a la alcaldía sospecha que detrás de esta medida impulsada por Bildu hay un intento de controlar a los ciudadanos y tiene, además, un afán recaudatorio porque lo que pretende es “solamente sancionar”.
Por último, han reclamado que hasta que la Agencia de Protección de Datos investigue y emita su resolución se paralice la colocación de las cámaras de videovigilancia, que aunque están sin instalar; el gobierno municipal de Bildu ha iniciado la creación de ficheros para su inmediata implantación.
