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PSE-EE DE GIPUZKOA INSTA A DEVOLVER LA DIGNIDAD Y SUS DERECHOS A LAS EMPLEADAS DEL HOGAR
El sector del servicio doméstico se ha caracterizado por la prevaricación. Para evitar esta situación “injusta” el gobierno socialista de Zapatero en el año 2012 puso en marcha una normativa que tenía como objetivo el regular las condiciones laborales y de Seguridad Social de las este sector que tiene rostro de mujer ya que el “94% de este colectivo son mujeres”, poniendo así remedio a los “abusos e irregularidades” en un trabajo que en Euskadi desempeñan alrededor de 90.000 personas.
Como ha explicado el juntero socialista, Herme González, la legislación supuso un avance y la dignificación de esta profesión. El cambio traía más derechos porque cotizaban como cualquier otro asalariado en el régimen general de la Seguridad Social. Por primera vez, las y los empleados del hogar tenían cobertura si sufrían un accidente laboral. Si enfermaban, cobran la baja a partir del cuarto día en vez del 29º. El empleado cotizaba desde el primer momento, independientemente de las horas que trabajara al mes. Además, se ajustaba su sueldo al IPC y tenía el derecho a cobrar el salario mínimo interprofesional mensual.
La ley se creó para mejorar su situación laboral; sin embargo, los efectos se vieron reducidos en la legislatura del Gobierno de Rajoy y los recortes del Partido Popular que cambió la normativa, devolviendo a la indefensión a las empleadas del hogar. Con el Gobierno de Rajoy la responsabilidad de los trámites recaen de nuevo en las trabajadoras que coticen menos de sesenta horas mensuales y reduce los tramos de cotización, lo que las obliga a pagar más.
Esto ha supuesto una “pérdida de derechos por parte de los trabajadores al servicio del hogar familiar”, algo que preocupa y mucho en un sector en el que existe “mucha” economía sumergida.
Aunque como ha explicado el Gobierno Vasco del Lehendakari socialista Patxi López encargó un estudio sobre los y las trabajadoras del hogar “donde se plasmó lo que estaba ocurriendo” y en mayo de 2012 se destinó una partida desde el Ejecutivo del PSE-EE “para subvencionar un 30% para todas aquellas personas que contrataran empleados o empleadas de hogar”, este colectivo ha seguido sumido en una situación de indefensión y de recorte de derechos.
En el Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, González ha defendió la enmienda a la totalidad presentada junto con el Grupo del PNV a la propuesta de resolución de Podemos y EHBildu, en la que se insta a que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social incluyan planes de inspección y control del cumplimiento de las condiciones laborales y de la Seguridad Social de las trabajaras y trabajadores que prestan sus servicios laborales en el hogar familiar en el País Vasco.
De esta forma, se dará una “mayor” seguridad a los empleados de hogar y se logrará hacer “aflorar” la economía sumergida porque en la actualidad hay “muchas” empleadas del hogar que o no están dadas de alta o lo hace por un número de horas mucho menor a la jornada que realmente están realizando.
En la Enmienda a la Totalidad que ha sido aprobada con 26 votos a favor, uno en contra del Partido Popular y 23 abstenciones ha exigido al Gobierno que ratifique el convenio número 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de junio de 2011, que extiende los derechos laborales “fundamentales” a este colectivo, que además supondría un “avance en igualdad real entre hombres y mujeres”.
El Gobierno del Partido Popular que, de forma incomprensible, aún no ha ratificado este convenio, a pesar de que la Unión Europea ha aconsejado refrendarlo, permitía abrir la puerta a más derechos y mejores condiciones como el derecho al desempleo, se equipararía el trabajo doméstico con el resto de Europa y además, habría por parte de la OIT un control y un seguimiento del convenio lo que garantizaría la situación de estas trabajadoras.
No obstante, ha pedido que se “profundice” en el reconocimiento del derecho a percibir prestaciones por desempleo cuando se pierde el trabajo de forma involuntaria, una cuestión que debería de abordarse en el marco del Pacto de Toledo
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