En su intervención en el Pleno de las Juntas Generales, García Chueca ha explicado que el Parlamento Vasco se comprometió, con la aprobación de la Disposición Adicional Octava de la Ley Municipal vasca a presentar una propuesta normativa que modificará el Sistema Vasco de Garantía de ingresos y para la Inclusión Social, con la finalidad de asegurar que puedan acceder a las prestaciones de dicho sistema las personas que no cuenten con liquidez para atender gastos específicos que prevean o palien situaciones de exclusión social, así como las nuevas situaciones de pobreza no cubiertas.
A su juicio, hay que integrar la política de garantía de ingresos, no sólo con la de servicios sociales y la de familias, sino también, “de forma especial”, con la de empleo y vivienda.
Para García Chueca, hay que llegar “más y mejor” a determinados segmentos poblacionales, hay que adoptar medidas para la mejora de la gestión y habría que profundizar en los apoyos para la inclusión. Sin embargo ha asegurado que hay que defender nuestro sistema de Protección Social “a ultranza” para garantizar que la ayuda llegue a todos los que la necesiten.
La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes, y que les ayuda a encontrar una salida laboral. Esta ayuda la pueden cobrar las personas que no disponen de recursos o que, aún teniéndolos, éstos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, reuniendo una serie de requisitos. Pueden ser personas sin trabajo, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, perceptores de otro tipo de pensiones, etc.
Como ha recordado, han sido “miles” las personas beneficiarias de esta ayuda y por lo tanto, ha defendido que esta prestación, así como el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en su conjunto, hay que mantenerlo fuera de “controversias partidarias e interesadas” teniendo en cuenta a aquellas personas que tengan que utilizar esta prestación.
Es más, ha dicho que los socialistas no dan “por bueno, ni explícita, ni implícitamente, que la política de garantía de ingresos tiene un problema especial de fraude o mala gestión. Por eso, ha dicho que usar palabras como ayudas sociales, fraude, falsificaciones, familias u otras por el estilo, aunque sea para minimizar su alcance o contextualizarlas es, hoy y aquí, aceptar el marco discursos de quienes quieren embarrar el terreno de juego y regalar una baza al discurso del odio”.
Por último, la dirigente del PSE-EE de Gipuzkoa ha asegurado que la política de garantía de ingresos busca dos cuestiones que “van de la mano”, la cohesión social y el desarrollo económico. “Así lo atestiguan los datos, sin duda. Esta política vasca de garantía de ingresos tiene la capacidad de sostener niveles de empleo, consumo, relaciones, actividad económica y recaudación que explican en buena medida el mejor comportamiento de la economía vasca en la última crisis, a diferencia de lo sucedido en otras.